El gobierno de Uruguay ha presentado un nuevo proyecto de ley con el objetivo de regular las criptomonedas y activos digitales en el país. El país sudamericano parece estar siguiendo los pasos regulatorios de El Salvador, pero con algunas diferencias en sus planes.
La globalización de los activos digitales y las criptomonedas es una realidad a día de hoy y los diferentes países pretenden estar preparados para afrontarla. Con este motivo, el gobierno de Uruguay ha presentado una nueva legislación para la regulación de los activos dentro del país.
El senador uruguayo Juan Sartori presentó un proyecto de ley cripto el pasado 3 de julio ante la cámara de gobierno del país. Las nuevas leyes recogen la legalización de los activos digitales dentro del país así como un marco regulatorio completo para el uso de los mismos y la incorporación de los activos al sistema financiero. Entre otras muchas iniciativas, las empresas dentro del país podrán pagar a sus empleados con activos digitales, si estos así lo requieren.
Desde que el proyecto presentó ante la cámara se comenzó a comparar esta iniciativa con la que tuvo El Salvador en el mes de junio. El pequeño país aprobó una nueva legislación que aprobaba el uso del Bitcoin como una moneda de curso legal y estipulaba todo un marco regulativo al rededor del activo, pero Uruguay no ha ido tan lejos.
Sartori y su equipo ha diseñado el proyecto para estructurar el uso y la regulación de los activos en el país con vistas de futuro. Según el propio proyecto, el porcentaje de ciudadanos uruguayos que cuentan y utilizan activos digitales es bajo, sin embargo es inevitable que estos finalmente se extiendan por el país. Con el objetivo de promover la inversión y compra de los activos, las nuevas leyes «establecen reglas claras, de seguridad legal, financiera y fiscal en los negocios derivados de la producción y comercialización».
En la regulación también se introducen medidas para evitar el fraude o la financiación del crimen a través de los activos. La Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) se encargará de vigilar el comercio con los activos. La secretaría se encargará de ofrecer la máxima transparencia al sector para reconocer que se produce con los activos y que se vende.
Por ahora le proyecto ha sido presentado ante la cámara y no se conoce una fecha límite para la votación de los senadores. Este tipo de proyectos pueden tardar semanas o incluso meses en aprobarse debido al impacto que podrían tener dentro de la economía del país.
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