El banco central de España ha dirigido una recomendación a los ciudadanos, donde les advierten sobre los riesgos que implica este tipo de operaciones en criptomonedas, que hasta la fecha no están reguladas.

La comunicación por parte del Banco de España fue emitida el 10 de febrero, acto seguido de una publicación oficial en el blog publicada dos días antes que detallaba la posición de la institución sobre las criptomonedas, sus características y su estado legal en España, incluida la Unión Europea en general.

La publicación del blog también destacó los peligros que enfrentan los inversores debido a la volatilidad de los precios de las criptomonedas, muy a pesar que la mayoría de los inversores en este tipo de activos ya están al tanto de los riesgos. La mayoría de los países ya han sido lo suficientemente proactivos para establecer regulaciones, mientras que otros han emitido una prohibición total.

Tomando en cuenta que España todavía no posee una ley regulatoria específica sobre este tipo de transacciones, el Banco de España ha resuelto recordar a los comerciantes y operadores sean locales o no, el riesgo que adquieren al momento de realizar estas operaciones sin algún tipo de regulación y protección.

Por lo mismo las dos publicaciones establecen claramente el hecho de que España aún no ha aprobado ninguna tipo legislación con relación a la criptomoneda, y que las plataformas de negociación o intercambio de criptográfico, así como otras empresas del sector que tampoco estén supervisadas ni autorizadas, tienen la aprobación de las autoridades españolas.

Las plataformas criptográficas tampoco cuentan con la protección de los sistemas nacionales de garantía de depósitos, como el Fondo de Garantía de Depósitos de España, ratifica el banco.

Entre las advertencias dice el banco central claramente que en los casos en que se utiliza crypto para compras de bienes y servicios, sería una “misión imposible” para un consumidor demandar sus derechos en caso de que algo salga mal con el pago o el artículo adquirido.

Significativamente, la autoridad monetaria dijo que cree que, debido a la falta real de transparencia que rodea a la estructura de los mercados de criptomonedas, “la formación de precios… podría ser manipulada”.

Además, como no se incluye nada sobre el estado de si la criptomoneda puede considerarse una moneda de curso legal, en este caso el gobernador, Pablo Hernández de Cos, determinó categóricamente que las criptomonedas “no pueden reemplazar el dinero y no son un medio de pago o intercambio común”.

Incluso, el gobernador ha ido aún más lejos como para descartar que el término “criptomoneda” sea demasiado equívoco, y propone que se lo reemplace por el término moneda virtual o criptográfica.

En un adelanto que seguramente moderará una serie de burlas de los “apasionados de los criptógrafos”, el banco central también dijo que la criptomoneda no reemplazará a las monedas fiduciarias.

“Probablemente se haya preguntado si las monedas virtuales pueden reemplazar a la moneda fiduciaria”, dijo el banco central. “No. Estas monedas no son un medio de pago o intercambio generalmente aceptado”.

El banco central español continúa observando la evolución, pero aún no unánime, de la definición de criptografía en la UE. El banco cita una Directiva de 2015 en la que considera que cripto es una representación digital de valor sin emisión de banco central o autoridad pública, y que no tiene el estado de curso legal. Según se informa, la Directiva también señala que el cifrado puede, sin embargo, intercambiarse y tramitarse entre personas físicas o jurídicas. 

Si bien están observando el importante crecimiento reciente del sector criptográfico, ambos documentos subrayan la supuesta alta volatilidad, los riesgos de ciberseguridad y los débiles derechos de los consumidores asociados con la industria.

Como se informó en diciembre, el partido gobernante de España para ese momento, el Partido Popular (PP), anunció que estaba trabajando para presentar un proyecto de ley sobre la regulación de criptografía y blockchain. El propósito de la medida es proporcionar cierto grado de certeza a los inversores, e incluso indicó que la parte está considerando la introducción de recortes de impuestos para alentar la innovación nacional de la Blockchain.

No obstante, los reguladores del mercado del país siguen manteniendo una postura cautelosa, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores agregó 23 entidades no autorizadas de divisas y criptográficas a su lista de advertencia el mes pasado.

Así mismo hay que resaltar que a pesar que las autoridades españolas no les gusten las criptomonedas, son partidarias del impuesto sobre la renta. Y aunque todavía no han regulado adecuadamente el mercado de la criptomoneda, los españoles están obligados a pagar impuestos sobre el total de las ganancias de capital sobre los ingresos que obtienen a través de la inversión en la criptomoneda.

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