La corte cantonal de Zug, Suiza, cerró Envion AG, una firma basada en criptografía que buscaba combinar la minería de criptomoneda con el poder verde.
Según informa el medio local de noticias alemán Handelsblatt, el 28 de noviembre, la compañía fue disuelta debido a una supuesta Oferta Inicial de Monedas (ICO) no autorizada.
Envion se estableció para servir como una empresa de minería fuera de la red que utiliza energía limpia y descentralizada (como energía solar o hidroelectricidad) para alimentar unidades de minería móviles.
La compañía recaudó alrededor de 100 millones de dólares en fondos a través de una Oferta Inicial de Monedas (ICO) realizada en enero de 2018, antes de ser investigada por los reguladores suizos por violar las leyes de valores y bolsa del país. Una de las muchas críticas que se han formulado contra Bitcoin y otras criptomonedas en el pasado está relacionada con la enorme cantidad de energía que consumen sus operaciones mineras. Como Startup, Envion prometió utilizar dos de las tendencias más actuales en este momento; Tecnología Blockchain e inversión ecológica.
Sin embargo, el proyecto comenzó a romperse debido a disputas entre sus socios, Michael Luckow y Matthias Woestmann, ya que este último acusó al primero de seguir adelante para producir más Tokens de lo que inicialmente se había planeado. Posteriormente, Woestmann recibió un aumento en el capital que redujo la participación de Luckow en la compañía. Al no poder llegar a un acuerdo amistoso, ambos socios decidieron llevar la disputa a un tribunal, una medida que puso en tierra las operaciones en la empresa.
El tribunal cantonal de Zug ahora ha ordenado el cierre inmediato de la firma y su liquidación. Entre otras razones, el tribunal señaló que Envion nunca tuvo una función de auditoría, al tiempo que señaló que no había una junta directiva en funcionamiento desde que Woestmann renunció a la presidencia.
Para los inversionistas que participaron en su ICO, el tribunal les aconsejó que verifiquen sus identidades y presenten reclamos en la oficina de quiebra, o corren el riesgo de que no se los considere en los procedimientos de disolución y quiebra. Estas reclamaciones, según el informe, deben presentarse dentro del mes posterior al anuncio de la disolución, o los inversores interesados perderán sus inversiones.