La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado cargos contra dos compañías por regir un supuesto esquema «Pump-and-Dump». Las dos compañías habrían asegurado falsamente que sus activos estaban respaldados por 10 millones de dólares en lingotes de oro.
El pasado 30 de septiembre, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), lanzó un comunicado de prensa revelando la investigación realizada las empresas Arbitrade Ltd y Cryptobontix. Ambas entidades desempeñan actividades relacionadas con los activos digitales y han sido acusadas de un supuesto fraude por el regulador.
La SEC presentó cargos en contra de ambas compañías por llevar a cabo un presunto esquema «Pump-and-Dump», o de bombeo y descarga en español. Esta clase de esquemas tienen como objetivo manipular el mercado para que un individuo o grupo de individuos obtengan las mayores ganancias posibles de forma inescrupulosa. Esta clase de esquemas implican subidas agigantadas del valor de un activo o acción, de forma temporal o simulada, para luego desplomarse también de forma acelerada. De esta forma, los promotores del esquema se deshacen rápidamente de sus activos antes de que pierdan su valor.
Según la denuncia de la SEC, Arbitrade Ltd y Cryptobontix realizaron afirmaciones falsas entre mayo de 2018 y enero del 2019 a sus clientes y posibles inversores. La compañía habría ofrecido el token DIG con la premisa de que el activo estaba respaldado con 10 mil millones de dólares en lingotes de oro. Los activos tendrían el valor de 1 dólar de ese oro, fluctuando con el valor del propio mineral.
La SEC asegura que la premisa de que los activos iban a estar respaldados con oro era una artimaña para impulsar el token DIG. A través de esta, la dirección de Arbitrade Ltd y Cryptobontix se embolsó unos 36,8 millones de dólares de ventas del token. La SEC asegura que los activos no estaban respaldados por nada y eran tokens vacíos, sin nigún valor real.
La SEC ha acusado a ambas empresas de violar las disposiciones antifraude y de registro de valores de las leyes federales de valores. El regulador busca que se tomen medidas cautelares permanentes para evitar que algo así pueda volver a pasar por parte de los acusados. Por otro lado, la demanda también busca restitución más intereses de las inversiones de los clientes, previamente al juicio. Para los organizadores del esquema también se piden sanciones civiles, así como prohibición de oficio contra los acusados individuales.
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