Recientemente un medio local ha informado que las autoridades finlandesas aún no saben que hacer con los 1666 Bitcoins incautados hace años. Los activos virtuales fueron sustraídos a traficantes y las autoridades quieren evitar que estos vuelvan a las manos de los malhechores.
Las autoridades finlandesas aún no saben como proceder con el activo incautado. Lo más común es regirse por la aplicación de la ley, como hacen otros países, en este caso se procedería a subastar los tokens.
La aduana, que depende de Ministerio de Hacienda, es la encargada de deliberar como se procederá, por ahora aún no han decidido que hacer. Esto se debe a que en caso de poner en subasta los activos, estos podrían ser comprados de nuevo por traficantes, ya que es mucho más sencillo realizar practicas como el lavado de dinero o la compra de drogas con monedas digitales.
Pekka Pylkkänen, jefe de finanzas de las Haduanas finlandesas, dijo que el Bitcoin junto con otras monedas se utilizaban principalmente para practicas ilegales.
«Desde nuestro punto de vista, los problemas están específicamente relacionados con el riesgo de lavado de dinero. Los compradores de criptomonedas rara vez las utilizan para actividades normales.»
En 2018 las autoridades tuvieron la iniciativa de deshacerse de los tokens, pero finalmente se echaron atrás por el riesgo que anteriormente hemos comentado.
El problema del precio
Otro quebradero de cabeza para las autoridades finlandesas es el precio, en el momento que fueron incautados el valor de los tokens rondaba los 700.000 dólares, a día de hoy ronda los 15,5 millones de dólares. Es decir, su precio se ha multiplicado unas veintidós veces, y esto si solo hablamos del Bitcoin ya que según las propias autoridades posen más tokens de otras altcoins.
El precio es otra razón por la que las autoridades no se deciden a vender el activo, el riesgo a ofertarlo en un momento inadecuado es otro factor a tener en cuenta. Otros países, como Estados Unidos, no han tenido reparo en vender más de 185.000 Bitcoins incautados, a través de la aplicación de la ley. Por esto mismo, se ha estimando que las autoridades estadounidenses han perdido unos 1.700 millones de dólares por vender demasiado rápido.
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