La Comisión del Reino Unido ha lanzado recientemente proyectos de investigación con el fin de aportar claridad jurídica y certidumbre sobre el uso de contratos inteligentes basados en blockchain. La Comisión ya ha llevado a cabo una investigación preliminar sobre el tema antes de acordar la extensión de los proyectos, e incluso ha dedicado una sección a los Contratos de Código Ejecutable Distribuidos (EDCC), también conocidos como contratos inteligentes, debido a los avances y la nueva cobertura que se pueden establecer en los últimos meses.
La agencia busca asegurarse de que el trabajo “garantice que la ley sea lo suficientemente completa y flexible como para aplicarse en un contexto global y digital, y para resaltar cualquier tema que carezca de claridad o certeza”.
La Comisión cree que los contratos inteligentes tienen la capacidad de aumentar la confianza y la certeza, al tiempo que aumentan la eficiencia de las transacciones entre las empresas en el Reino Unido. El documento sugiere que es importante garantizar que “los tribunales y la legislación inglesa sigan siendo una opción competitiva para las empresas. Por lo tanto, hay un caso convincente para que un estudio de alcance de la Comisión Jurídica revise el marco legal inglés vigente en lo que respecta a contratos inteligentes”.
El esfuerzo para esta nueva investigación sigue un informe publicado por la Comisión de Derecho en diciembre de 2017, que detalla catorce nuevas áreas que necesitaban reformas durante un proceso de consulta pública de un año. Esta publicación incluyó aspectos de la ley contra el lavado de dinero (AML), ya que la comisión cree que la regulación existente incentiva un alto volumen de informes de actividades sospechosas que carecen de un valor de inteligencia significativo.
Debido a la publicidad sobre crímenes de lavado de dinero relacionados con las monedas digitales, es posible que dichos delitos sean atribuidos a los organismos reguladores, debido a su falta de acción en este asunto, lo que significa que la investigación y la posterior reforma se necesitan con prontitud. La reforma busca garantizar que se aseguren de que la ley respalde la innovación técnica de vanguardia, como vehículos automatizados y contratos inteligentes. La propuesta permitirá el aumento del uso de contratos inteligentes y las empresas tendrán más confianza en su aplicación a medida que se identifiquen los beneficios de dicho avance tecnológico.
La Comisión también afirmó que este proceso de investigación podría tardar de nueve a dieciocho meses en completarse y añadió que hay muchas preguntas sobre los contratos inteligentes y cómo estos interactuarían con los conceptos del derecho contractual, como los términos implícitos o contratos que se consideraron nulos desde el comienzo. Esto plantea problemas sobre la ley de protección de datos que la comisión debe considerar más a fondo para permitir que se lleven a cabo investigaciones justas y útiles.
Mientras tanto, de manera similar en España, Manuel Martin, cofundador, líder del proyecto y experto en blockchain en Orvium, ha expresado su apoyo a una propuesta para que el gobierno desarrolle nueva legislación que regule las iniciativas empresariales ligadas a las criptomonedas y blockchain. Esto indica el reconocimiento global de nuevos estudios jurídicos en el área de contratos inteligentes y la tecnología blockchain con el objetivo de mejorar los procesos internos y proporcionar trazabilidad y transparencia en la toma de decisiones dentro de la jurisdicción.
