Víctimas del terrorismo norcoreano intensifican la lucha para embargar 71 millones de dólares del hackeo a Aave

Las víctimas de tres casos de terrorismo patrocinado por Corea del Norte han elevado la presión legal para confiscar 71 millones de dólares en criptoactivos vinculados al reciente hackeo del protocolo Aave. En una respuesta de 30 páginas presentada el martes ante un tribunal federal de Estados Unidos, los abogados de los demandantes reformularon la naturaleza del ataque ocurrido el 18 de abril, argumentando que se trató de un fraude y no de un simple robo. Esta distinción legal, aparentemente técnica, podría ser determinante para que los atacantes obtengan un título legal sobre los fondos sustraídos, lo que cambiaría drásticamente las posibilidades de recuperación para las víctimas.

El caso se centra en un exploit que permitió a los hackers drenar millones de dólares del mercado de préstamos descentralizados Aave, utilizando una vulnerabilidad en contratos inteligentes. Los demandantes, que representan a familias y sobrevivientes de ataques terroristas norcoreanos —incluyendo el asesinato de Kim Jong-nam en 2017 y el bombardeo del vuelo 858 de Korean Air en 1987—, buscan embargar esos activos como compensación por las sentencias judiciales que ya han obtenido contra el régimen de Pyongyang. La estrategia legal se basa en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, que permite a las víctimas de terrorismo estatal reclamar bienes de países designados como patrocinadores del terrorismo.

La clave del argumento presentado por los abogados radica en cómo se clasifica el hackeo bajo la ley de propiedad. Tradicionalmente, un robo implica la toma ilegal de propiedad ajena, lo que no transfiere un título válido al ladrón. Sin embargo, si el tribunal acepta que el ataque constituyó un fraude —por ejemplo, mediante la manipulación de oráculos de precios o la explotación de errores en el código para inducir transacciones aparentemente válidas—, los hackers podrían haber adquirido un título legal sobre los fondos, aunque obtenido mediante engaño. Esto abriría la puerta a que las víctimas del terrorismo puedan reclamar esos activos como propiedad de los atacantes, en lugar de simplemente buscar su devolución.

El caso tiene implicaciones profundas para el ecosistema DeFi. Si el tribunal falla a favor de las víctimas, sentaría un precedente de que los activos obtenidos mediante exploits de contratos inteligentes pueden ser considerados propiedad legal de los hackers, sujetos a embargo por terceros con sentencias judiciales. Esto podría incentivar a más víctimas de terrorismo o de otros delitos a perseguir activos digitales vinculados a Corea del Norte, que ha utilizado cada vez más el criptoespacio para financiar sus programas de armas. Según informes de la ONU, Pyongyang ha robado más de 3.000 millones de dólares en criptomonedas desde 2017, utilizando grupos como el Lazarus Group.

Por otro lado, la defensa de los hackers —cuya identidad no ha sido revelada públicamente— probablemente argumentará que el exploit fue un robo puro, no un fraude, y que los fondos deben ser devueltos al protocolo Aave o a sus usuarios legítimos. La comunidad DeFi observa con atención, ya que una decisión adversa podría desincentivar la innovación en préstamos descentralizados, al aumentar el riesgo de que los activos sean embargados por terceros ajenos a las transacciones originales. Además, el caso pone de relieve la tensión entre la inmutabilidad de blockchain y la capacidad de los sistemas legales tradicionales para intervenir en disputas sobre propiedad digital.

El juez encargado del caso deberá decidir si acepta la reclasificación del hackeo como fraude, lo que requeriría analizar en detalle el código del exploit y las transacciones realizadas. Mientras tanto, las víctimas del terrorismo norcoreano han intensificado su campaña, presentando también mociones para obtener órdenes de congelamiento de activos en exchanges centralizados y plataformas DeFi. La resolución de este litigio no solo definirá el destino de los 71 millones de dólares, sino que también establecerá un marco legal para futuros reclamos sobre criptoactivos vinculados a estados hostiles.