Un nuevo estudio ha revelado que agencias del gobierno estadounidense gastaron varios millones de dólares en rastrear las transacciones que involucran el uso de monedas virtuales de aquellas personas que residen o hacen negocios en territorio de la unión americana.
En base a registros públicos, la firma de investigación Diar reporta que varios organismos adscritos al gobierno de los Estados Unidos han empleado en conjunto alrededor de US$ 5,7 millones, utilizados para pagar servicios de terceras partes especializadas en monitoreo y análisis de actividades de cadenas de bloques, y que pueden llegar a contemplar la vinculación de personas naturales con fondos en monedas digitales.
Las pistas conducen a los propietarios
Existen varias maneras, herramientas y hasta criptomonedas expresamente diseñadas para permitir la ejecución anónima de transacciones, aunque en gran parte son desconocidas por la mayoría de los criptohabientes. Siendo esto así, al llevar a cabo sus operaciones, la mayoría de los usuarios de monedas virtuales dejan rastros suficientes como para que cualquier investigador, apoyado en las técnicas y métodos adecuados, sea capaz de determinar quién es el propietario de una billetera electrónica en particular.
Para ello sólo basta con que el usuario de criptomonedas exponga su dirección de billetera a un individuo o servicio que pudiera luego hacer el direccionamiento con su verdadera identidad en la vida real. De esta forma, cualquier billetera digital con la que el usuario haya efectuado transacciones quedará expuesta como perteneciente a él, luego de que un experto forense en cadenas de bloques haya realizado el trabajo de recolectar los datos y seguir el rastro dejado por las operaciones.
Las ocasiones en las que la identidad de los criptohabientes es vulnerable suceden, por ejemplo, al efectuar depósitos o retiros en plataformas de intercambio que exigen a sus afiliados pasar por el proceso de KYC (conoce a tu cliente), o cuando los mismos publican alguna dirección de billetera asociada bien sea a su nombre de pila real o a algún alias que pueda ser ligado a éste mediante un medio como una red social. Realizar transacciones por conexiones que no han sido debidamente protegidas es otro riesgo que se presenta con cierta frecuencia.
El Tío Sam reclama sus impuestos sobre criptos
Como pareciera ser completamente lógico, la agencia del gobierno de EE.UU. que más ha gastado en este tipo de actividades de rastreo ha sido el temible Servicio de Rentas Internas (IRS), organismo que se encarga del cálculo y recolección de los impuestos federales por ingresos en esa nación. Según lo reportado por Diar, el IRS ha gastado un monto cercano a los US$ 2,2 millones, repartidos en nueve contrataciones de servicios de investigación especializados en criptomonedas. Esta cantidad representa el 30 por ciento del monto total empleado el gobierno americano en servicios de este tipo.
Durante el año pasado, el Servicio de Rentas Internas también contrató a compañías de trabajos forenses en blockchain, con la finalidad de descubrir a aquellos individuos que no habían reportado adecuadamente sus ingresos por concepto de inversiones u operaciones en criptomonedas en sus declaraciones de impuestos. El IRS ha ido progresivamente endureciendo sus acciones para combatir la evasión de impuestos por este particular, llegando a citar en la corte al intercambio Coinbase con el fin de forzarlo a revelar datos de sus clientes que puedan ser de utilidad para la agencia de impuestos.
Se pudiera suponer que la segunda agencia del gobierno en la lista de quienes investigan a los poseedores de criptomonedas fuera la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, la Administración para el Control de Drogas, DEA, o quizás alguna que tenga que ver más con el ámbito financiero, como la Comisión de Bolsa y Valores, SEC.
A pesar de ello, ha sido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, el organismo que va de segundo en el gasto. La agencia, que se encarga de la aplicación de las políticas de inmigración en Norteamérica e investiga los casos de actividad criminal que suponen la participación de extranjeros viviendo y/o trabajando de manera ilegal en el país, utilizó más de US$ 1,5 millones, adjudicados también en nueve contratos de servicio. Aunque, en su caso, el número de terceros contratados fue mayor, el FBI ocupó la tercera posición, repartiendo US$ 1,1 millones en doce acuerdos de servicio distintos.
La Comisión de Bolsa y Valores, agencia supervisora de la actividad bursátil en los mercados de los Estados Unidos, gastó menos de US$ 185.000 en el rastreo de actividades relacionadas al uso de criptomonedas. La SEC ha realizado cargos contra varias personas por fraude asociado a monedas digitales y a operadores de Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) por el mismo motivo.
Monedas a la baja, investigación al alza
Interesantemente, aunque el mercado de las criptomonedas ha experimentado una baja cercana al 70 por ciento en lo que va de año, comparado con sus máximos históricos, y el interés del público en general ha mermado en consecuencia, el gasto de las agencias gubernamentales para fines de investigación se disparó.
De acuerdo al reporte de Diar, la firma Chainalysis se ha convertido en la preferida del gobierno de los Estados Unidos como consultora y contratista para estudios de blockchain. Chainalysis recibió US$ 5,3 millones del total de US$ 5,7 millones pagado a las compañías de investigación contratadas, lo que se traduce en un 93 por ciento del gasto del gobierno en este particular.
En vista de estas cifras, las firmas de auditoría y análisis de blockchain se han vuelto objetivos muy deseables para los inversores. Se estima que las compañías de este sector han obtenidos fondos en conjunto cercanos a los US$ 29 millones. Chainalysis lidera la lista, con más de US$ 17 millones, recogidos durante varias y productivas rondas de financiación.
