Los grupos comerciales buscan bloquear el impuesto a las criptomonedas de Illinois antes de su entrada en vigor en enero

En una nueva fase de su lucha contra la fiscalización estatal, el Crypto Council of Illinois (CCI) y la Blockchain Association han presentado una demanda que busca impedir la aplicación del impuesto del 0.2 % sobre transacciones de criptomonedas que entrará en vigor en Illinois el próximo enero. La acción legal, que sigue a una demanda anterior, sostiene que la medida es inconstitucional y que impondría cargas de cumplimiento prohibitivamente altas para los usuarios y empresas de blockchain en el estado.

El impuesto propuesto grava la compra, venta y el intercambio de activos digitales, incluyendo tokens de utilidad, monedas estables y activos respaldados por activos físicos. Además, se contempla la aplicación de la tasa a ingresos generados por staking y otras formas de participación en redes de consenso. La propuesta fue aprobada por el Congreso estatal como parte de un paquete de ingresos destinado a financiar programas de educación y salud pública, y se espera que genere aproximadamente 100 millones de dólares anuales.

Desde el punto de vista legal, los demandantes argumentan que el impuesto viola la Constitución de Illinois al imponer una carga que no está claramente vinculada a un propósito público específico y al no ofrecer una base de cálculo razonable. Además, sostienen que la falta de una definición clara de “transacción de criptomonedas” crea incertidumbre regulatoria y que la tasa de 0.2 % excede el límite de lo que se considera una carga razonable bajo la doctrina de “exceso de gravamen”. El CCI y la Blockchain Association también citan precedentes de tribunales estatales que han invalidado impuestos que no cumplen con los requisitos de equidad y claridad.

Para la comunidad de cripto en Illinois, la aprobación del impuesto representa un riesgo significativo. Los usuarios de DeFi, NFT y staking podrían enfrentar costos de cumplimiento que superan los beneficios de operar en la plataforma. Los exchanges locales y los proveedores de servicios de custodia ya han advertido sobre la necesidad de desarrollar sistemas de reporte y auditoría que cumplan con la nueva normativa, lo que implicaría inversiones de cientos de miles de dólares. Además, la incertidumbre legal podría desalentar la entrada de nuevos proyectos de blockchain en la región, reduciendo la competitividad de Illinois frente a estados con marcos regulatorios más favorables.

La reacción del sector ha sido inmediata. Varias empresas de cripto han solicitado al gobierno estatal que reconsidere la tasa o que ofrezca exenciones para proyectos de investigación y desarrollo. A nivel nacional, la medida ha sido citada por legisladores de otros estados que están considerando impuestos similares, lo que sugiere que la disputa podría tener repercusiones más allá de Illinois. En el contexto de la creciente presión regulatoria, la demanda también destaca la tensión entre la necesidad de ingresos estatales y la protección de la innovación tecnológica.

El proceso judicial se iniciará en la Corte de Distrito de Illinois, con la posibilidad de que la decisión sea apelada ante la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito y, en última instancia, ante la Corte Suprema de los Estados Unidos si se plantean cuestiones constitucionales de alcance federal. Los expertos prevén que el caso podría tardar entre 12 y 18 meses en resolverse, dependiendo de la carga de trabajo del tribunal y de la rapidez con que las partes presenten sus argumentos. Si el tribunal falla a favor de los demandantes, Illinois tendría que revisar su política fiscal, lo que podría abrir la puerta a un debate más amplio sobre la tributación de activos digitales en los Estados Unidos.