La industria cripto respalda el compromiso de rendimiento de la Ley CLARITY y presiona al Comité Bancario del Senado para su revisión

La industria de las criptomonedas ha manifestado un respaldo cauteloso al reciente compromiso alcanzado en torno a la Ley CLARITY, una propuesta legislativa que busca regular los programas de recompensas basados en criptoactivos. El acuerdo, que ha sido objeto de intensas negociaciones entre legisladores y actores del sector, exige que las empresas reestructuren sus programas de recompensas, pasando de un modelo tradicional de "comprar y mantener" (buy and hold) a uno de "comprar y usar" (buy and use). Este cambio de paradigma ha generado tanto apoyo como críticas dentro del ecosistema, mientras los grupos de presión se preparan para llevar el texto al Comité Bancario del Senado para su eventual revisión y votación.

El núcleo del compromiso radica en la necesidad de alinear los incentivos de los programas de recompensas con un uso más activo de los activos digitales, en lugar de simplemente recompensar la tenencia pasiva. Según fuentes cercanas a las negociaciones, la Ley CLARITY pretende evitar que los programas de recompensas se conviertan en vehículos de especulación o acumulación sin contraprestación económica real. En su lugar, se busca fomentar la circulación y el uso transaccional de criptomonedas, lo que podría tener implicaciones significativas para plataformas de staking, exchanges y protocolos DeFi que dependen de modelos de recompensas por tenencia.

Sin embargo, no todos los actores del sector han recibido el acuerdo con los brazos abiertos. La Blockchain Association y el Crypto Council for Innovation (CCI) han expresado reservas, particularmente en lo que respecta a la amplitud de la prohibición que impone el texto. El CCI advirtió que la redacción actual podría ser demasiado restrictiva, al prohibir no solo los programas de recompensas problemáticos, sino también aquellos que han demostrado ser seguros y beneficiosos para los usuarios. "El riesgo de una prohibición excesivamente amplia es que termine sofocando la innovación en lugar de regularla", señaló un portavoz del CCI en un comunicado interno.

A pesar de estas preocupaciones, el respaldo mayoritario de la industria ha sido suficiente para que los patrocinadores de la ley, liderados por el senador Patrick Toomey, impulsen su inclusión en la agenda del Comité Bancario del Senado. La presión para que se realice un markup —el proceso de revisión y enmienda del texto— ha aumentado en las últimas semanas, con grupos de lobby cripto intensificando sus reuniones con los asesores de los senadores. El objetivo es lograr que la ley sea considerada antes del receso de verano, un plazo ambicioso pero que algunos consideran factible dado el consenso bipartidista en torno a la necesidad de una regulación clara.

El contexto regulatorio en Estados Unidos sigue siendo fragmentado, con la SEC y la CFTC disputándose la supervisión de los criptoactivos. La Ley CLARITY, si se aprueba, podría establecer un precedente importante al definir qué tipos de programas de recompensas son legales y bajo qué condiciones. Para las empresas del sector, esto representa una oportunidad de obtener certeza jurídica, pero también el desafío de adaptar sus modelos de negocio a un marco que prioriza el uso sobre la tenencia. Analistas legales han señalado que la transición al modelo "buy and use" podría requerir cambios técnicos significativos en los contratos inteligentes y en la estructura de incentivos de muchas plataformas.

En el frente político, el respaldo de la industria no es unánime, pero sí lo suficientemente amplio como para que los legisladores lo consideren un avance. Grupos como la Cámara de Comercio Digital han instado a los senadores a no demorar el proceso, argumentando que la claridad regulatoria es esencial para que Estados Unidos no pierda su liderazgo en innovación blockchain frente a jurisdicciones como la Unión Europea o Singapur. Mientras tanto, las críticas del CCI y otras organizaciones más pequeñas podrían traducirse en enmiendas durante el markup, especialmente en lo relativo a las excepciones para programas de recompensas que no impliquen riesgos sistémicos.

El futuro de la Ley CLARITY dependerá en gran medida de la capacidad de sus patrocinadores para equilibrar las demandas de una industria que busca crecimiento con la necesidad de proteger a los inversores minoristas. Si el Comité Bancario logra avanzar el texto, se espera que el debate se intensifique en el pleno del Senado, donde las divisiones partidistas podrían complicar su aprobación final. Por ahora, el compromiso alcanzado representa un paso adelante, aunque con advertencias claras sobre los riesgos de una regulación que, en su intento de ser exhaustiva, termine siendo excesivamente restrictiva.