Una coalición bipartidista de 17 fiscales generales estatales pide al Senado rechazar la Clarity Act

En una carta conjunta enviada al Senado de los Estados Unidos, 17 fiscales generales (AGs) de estados de ambos partidos han pedido que se rechace la Clarity Act, una propuesta legislativa que, según ellos, podría limitar su capacidad para emprender acciones legales contra fraudes en línea relacionados con valores y commodities. La coalición, que incluye a AGs de estados con grandes economías y poblaciones significativas, destaca la importancia de mantener la autonomía de los tribunales estatales en la protección de los consumidores frente a las crecientes amenazas del mercado cripto.

La Clarity Act, que busca establecer un marco regulatorio más claro para las criptomonedas, propone una serie de disposiciones que, según los AGs, restringirían la jurisdicción de los tribunales estatales sobre casos que involucren valores y commodities digitales. En particular, la legislación prohíbe la presentación de demandas estatales que se basen en la supuesta violación de leyes federales de valores, argumentando que la autoridad federal ya cubre esos casos. Los fiscales generales sostienen que esta limitación impediría que los tribunales estatales actúen contra estafadores que utilizan plataformas de DeFi, NFT y otras tecnologías emergentes para defraudar a los ciudadanos.

Los AGs citan ejemplos concretos de su trabajo en el ámbito de las criptomonedas, como las investigaciones sobre esquemas Ponzi que operan a través de tokens de alto rendimiento y las denuncias de manipulación de precios en exchanges descentralizados. En los últimos años, los tribunales estatales han sido actores clave en la aplicación de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Commodities de 1936, adaptándolas a la realidad digital. La Clarity Act, según ellos, eliminaría la posibilidad de que los AGs utilicen estas leyes para perseguir a los perpetradores que se esconden tras la anonimidad de la blockchain.

Desde el punto de vista de la protección al consumidor, la oposición de los AGs a la Clarity Act se basa en la necesidad de un enfoque equilibrado que permita a los estados ejercer su función de supervisión y sanción. La falta de claridad en la legislación federal ha llevado a una fragmentación de la regulación, con la SEC y la CFTC a menudo dejando vacíos que los tribunales estatales han llenado con jurisprudencia innovadora. Si la Clarity Act se aprueba, los AGs temen que la coordinación entre agencias federales y estatales se vea comprometida, reduciendo la eficacia de las acciones de cumplimiento y dejando a los inversores vulnerables a fraudes que explotan la complejidad de los productos cripto.

La respuesta de la industria y de los reguladores federales ha sido mixta. Mientras que la SEC ha expresado su apoyo a la creación de un marco regulatorio más coherente, ha señalado que la Clarity Act no pretende eliminar la jurisdicción estatal, sino clarificar la interacción entre las leyes federales y estatales. Por otro lado, varios grupos de defensa de los consumidores y asociaciones de traders de criptomonedas han respaldado la posición de los AGs, argumentando que la protección de los inversores debe mantenerse como una prioridad.

En conclusión, la carta de los 17 AGs subraya la importancia de preservar la capacidad de los tribunales estatales para abordar las complejas y dinámicas amenazas del mercado cripto. La Clarity Act, aunque bien intencionada, podría generar un desequilibrio regulatorio que perjudique la protección al consumidor y la eficacia de la aplicación de la ley. Los legisladores del Senado deberán considerar cuidadosamente estos argumentos antes de avanzar con la aprobación de la propuesta, asegurando que cualquier reforma legislativa mantenga un equilibrio entre la claridad regulatoria y la autonomía de los estados para salvaguardar a sus ciudadanos.