Un senador estadounidense presenta un proyecto de ley para bloquear rescates federales a empresas de criptomonedas

El senador estadounidense Richard Durbin ha presentado un proyecto de ley que busca prohibir explícitamente el uso de fondos de los contribuyentes para rescatar a empresas del sector de las criptomonedas en dificultades. La iniciativa, denominada "Digital Asset Bailout Prevention Act", pretende establecer un muro legal entre el riesgo asociado a los activos digitales y el sistema financiero tradicional.

La propura legislativa surge en un contexto de creciente escrutinio regulatorio sobre la industria crypto y los posibles efectos de contagio de su inestabilidad hacia la economía convencional. El colapso de grandes plataformas como FTX y la crisis del ecosistema Terra en 2022 pusieron en evidencia los riesgos sistémicos y generaron un debate sobre la exposición del sistema financiero a este sector volátil.

El proyecto de ley de Durbin busca enmendar la Ley de Estabilización Económica de Emergencia para prohibir que el Secretario del Tesoro utilice sus facultades de estabilización para proporcionar financiación a empresas de criptomonedas. Esto cerraría una posible puerta a que firmas digitales en quiebra accedan a programas de rescate federal, un mecanismo utilizado durante la crisis financiera de 2008 con instituciones tradicionales.

Esta iniciativa refleja un esfuerzo bipartidista más amplio en el Congreso de EE. UU. por delimitar claramente los límites de la intervención estatal en el ecosistema crypto. La medida señala una postura más dura, destinada a contener el riesgo dentro del sector de activos digitales y a obligar a los participantes a asumir las consecuencias de sus propias pérdidas, sin un colchón público.

Las implicaciones son claras: si se aprueba, la ley reforzaría la separación entre las finanzas tradicionales y las criptomonedas, obligando a los inversores e instituciones a internalizar por completo los riesgos. Esto podría acelerar la presión para que el sector establezca autorregulaciones más estrictas o, por el contrario, limitar su crecimiento al aumentar la percepción de riesgo sin red de seguridad estatal.