Senador estadounidense afirma que la votación sobre la estructura del mercado cripto podría ocurrir antes de agosto

La senadora estadounidense Kirsten Gillibrand ha señalado que el Senado de Estados Unidos podría someter a votación un proyecto de ley clave sobre la estructura del mercado de criptomonedas antes del mes de agosto. La declaración, realizada durante una entrevista reciente, pone de manifiesto la creciente urgencia legislativa en torno a la regulación de los activos digitales, aunque también destaca un obstáculo político significativo: la necesidad de abordar el conflicto de intereses de los legisladores que poseen inversiones en el sector.

Gillibrand, quien ha sido una de las voces más activas en la promoción de marcos regulatorios para las criptomonedas, se refirió específicamente a la Ley CLARITY (Clear Licensing and Regulatory Integrity for Today’s Yield), un proyecto que busca definir con mayor precisión qué activos digitales deben ser considerados valores (securities) y cuáles materias primas (commodities). La senadora explicó que, si bien existe un consenso bipartidista sobre la necesidad de reglas claras, el proceso se ha visto retrasado por la falta de un código de conducta ético que impida que los propios congresistas se beneficien de información privilegiada.

“No podemos avanzar con una votación seria sobre la estructura del mercado si no resolvemos primero el problema de que algunos de nuestros colegas podrían estar enriqueciéndose gracias a estas industrias debido a su estatus de información privilegiada”, afirmó Gillibrand. La senadora se refería a la creciente preocupación pública sobre la participación de miembros del Congreso en inversiones en criptomonedas, un tema que ha generado debates sobre la transparencia y la integridad del proceso legislativo.

El comentario de Gillibrand llega en un momento en que la industria de las criptomonedas en Estados Unidos enfrenta una presión regulatoria sin precedentes. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), bajo el liderazgo de Gary Gensler, ha intensificado las acciones de cumplimiento contra exchanges y proyectos DeFi, argumentando que la mayoría de los tokens son valores no registrados. Por otro lado, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha abogado por una mayor jurisdicción sobre Bitcoin y Ethereum, considerándolos materias primas.

La Ley CLARITY, copatrocinada por Gillibrand y el senador republicano Cynthia Lummis, busca precisamente resolver esta disputa jurisdiccional. El proyecto propone que la CFTC asuma la supervisión principal de los activos digitales que cumplan con criterios de descentralización, mientras que la SEC retendría el control sobre aquellos que funcionen como valores. Sin embargo, la implementación de esta ley requeriría que los legisladores primero aprueben normas éticas más estrictas, un proceso que podría ser políticamente delicado.

El plazo de agosto mencionado por Gillibrand no es casual. Coincide con el final del año fiscal y el receso de verano del Congreso, fechas límite tradicionales para avanzar en agendas legislativas. Si el Senado no logra votar antes de ese período, el proyecto podría quedar estancado hasta después de las elecciones de medio mandato, lo que retrasaría aún más la claridad regulatoria que la industria ha estado demandando.

Analistas políticos señalan que el obstáculo ético mencionado por Gillibrand refleja una tensión más amplia en Washington. Mientras que algunos legisladores han hecho públicas sus inversiones en Bitcoin y fondos de criptomonedas, otros han sido acusados de no revelar adecuadamente sus tenencias. La senadora propuso que cualquier miembro del Congreso que posea activos digitales debería abstenerse de votar en leyes que afecten directamente a esos activos, una medida que, de implementarse, podría cambiar la dinámica de poder en el Capitolio.

Por ahora, la comunidad cripto observa con atención. La posibilidad de una votación en agosto representa una ventana de oportunidad para que Estados Unidos establezca un marco regulatorio que compita con el de otras jurisdicciones, como la Unión Europea con su reglamento MiCA. Sin embargo, la advertencia de Gillibrand deja claro que, sin un compromiso real con la transparencia, incluso el proyecto de ley más prometedor podría quedar atrapado en el limbo político.