Los legisladores franceses respaldan por un solo voto un impuesto sobre el intercambio de stablecoins

La Asamblea Nacional de Francia aprobó por un margen mínimo de un solo voto una enmienda que establece un nuevo régimen fiscal para las operaciones con stablecoins, según reportes desde París. La medida, que aún debe completar su recorrido legislativo, convertiría en taxable el intercambio de criptomonedas por stablecoins vinculadas al euro o al dólar a partir de 2027, un cambio que afectaría directamente a quienes utilizan estos activos digitales como refugio de valor o como puente dentro del ecosistema cripto.
La enmienda introduce un criterio particularmente relevante para los contribuyentes franceses: las ganancias se medirían "moneda por moneda", es decir, de forma individualizada para cada activo digital. Esto implica que cada operación de intercambio entre una criptomoneda y una stablecoin deberá evaluarse de manera separada, en lugar de aplicar un tratamiento agregado sobre el conjunto de la cartera. Se trata de un enfoque que complica el cálculo fiscal para los inversores con posiciones diversificadas y que podría generar obligaciones tributarias incluso en operaciones que no impliquen una conversión a moneda fiduciaria tradicional.
El ajustado resultado de la votación —apenas un voto de diferencia— refleja la profunda división que el tema genera en el arco parlamentario francés. Por un lado, los defensores de la medida argumentan que las stablecoins funcionan en la práctica como un refugio de valor equiparable a mantener euros o dólares, por lo que los intercambios hacia estos activos deberían recibir el mismo tratamiento fiscal que una venta. Por otro, los críticos advierten que gravar estas operaciones podría desincentivar el uso legítimo de stablecoins como herramienta de gestión de liquidez y empujar a los usuarios hacia jurisdicciones con marcos fiscales más favorables.
El contexto normativo europeo resulta clave para interpretar esta decisión. La Unión Europea avanza en la implementación del reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), que establece un marco regulatorio común para los emisores de stablecoins y los proveedores de servicios de criptoactivos. En ese escenario, Francia busca adelantarse con un régimen fiscal propio que, de consolidarse, podría servir de referencia —o de advertencia— para otros Estados miembros que aún debaten cómo tratar fiscalmente las operaciones con estos activos. La fecha de entrada en vigor prevista para 2027 otorga a los operadores un período de transición, pero también abre una ventana de incertidumbre regulatoria.
Para el sector cripto francés, la aprobación de esta enmienda representa una señal de endurecimiento fiscal que contrasta con la narrativa de innovación y atracción de talento que el país ha promovido en los últimos años. Los exchanges y plataformas de DeFi que operan en Francia deberán adaptar sus sistemas de reporte para cumplir con el criterio de cálculo "coin by coin", lo que implica desarrollos técnicos y costos operativos adicionales. Asimismo, los inversores individuales enfrentarán una mayor complejidad a la hora de declarar sus operaciones, especialmente aquellos que realizan swaps frecuentes entre distintos tokens y stablecoins.
La trayectoria legislativa de la enmienda aún no está cerrada. Al haber sido aprobada por un margen tan estrecho, es probable que el texto enfrente nuevas negociaciones en las próximas etapas del proceso parlamentario, donde podría modificarse o incluso revertirse. Los actores del ecosistema cripto francés seguramente intensificarán sus esfuerzos de cabildeo para influir en el resultado final, mientras observan con atención cómo evoluciona un debate que trasciende las fronteras del país y que anticipa las tensiones entre la regulación fiscal y el desarrollo de la industria blockchain en Europa.
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