La Casa Blanca fija el 4 de julio como meta para la aprobación de la Ley de Claridad: Asesor de Cripto

La administración del presidente Joe Biden ha puesto la mira en el 4 de julio como fecha límite para la aprobación de la Ley de Claridad sobre Criptoactivos, según declaró Patrick Witt, asesor de la Casa Blanca en materia de activos digitales. La iniciativa, que busca establecer un marco regulatorio federal para las criptomonedas en Estados Unidos, avanza con un cronograma legislativo ajustado que incluye una reunión del Comité de Banca del Senado programada para este mismo mes.

Witt explicó que, tras la discusión en el comité, quedarán cuatro semanas laborables del Senado en junio para lograr la aprobación en el pleno. “El objetivo es tener el proyecto listo para la firma presidencial antes del Día de la Independencia”, señaló el asesor durante una conferencia sectorial. Este calendario refleja la urgencia de la administración por resolver la incertidumbre regulatoria que ha afectado al ecosistema crypto en los últimos años, especialmente tras el colapso de varias plataformas centralizadas.

La Ley de Claridad, cuyo nombre completo es “Ley de Claridad para los Activos Digitales de 2025”, pretende definir qué criptomonedas son consideradas valores y cuáles materias primas, una distinción clave que ha generado conflictos entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). El proyecto otorgaría a la CFTC la supervisión principal sobre Bitcoin, Ethereum y otros tokens descentralizados, mientras que la SEC mantendría jurisdicción sobre aquellos que cumplan con la prueba de Howey.

El cronograma propuesto es ambicioso, dado el historial de lentitud legislativa en temas financieros. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso indican que existe un consenso bipartidista inusual en torno a la necesidad de claridad. Tanto senadores republicanos como demócratas han expresado su frustración por la falta de reglas claras, que ha llevado a empresas crypto a trasladar sus operaciones a jurisdicciones más amigables como Singapur, los Emiratos Árabes Unidos o la Unión Europea, que ya implementó su propio marco MiCA.

De aprobarse, la ley representaría un cambio sísmico para el mercado estadounidense. Actualmente, las empresas que operan con criptomonedas enfrentan un mosaico de regulaciones estatales y federales, lo que incrementa los costos de cumplimiento y frena la innovación. La claridad regulatoria podría desbloquear inversiones institucionales significativas, especialmente en áreas como DeFi y staking, que han quedado en un limbo legal.

No obstante, el camino hacia el 4 de julio no está exento de obstáculos. Grupos de defensa del consumidor han expresado preocupaciones sobre la protección de los inversores minoristas, mientras que algunos legisladores progresistas argumentan que el proyecto favorece demasiado a la industria. Además, la SEC, bajo el liderazgo de Gary Gensler, ha mostrado resistencia a ceder parte de su autoridad sobre los criptoactivos, lo que podría generar tensiones durante el proceso de markup en el comité.

Para la comunidad crypto, la fecha del 4 de julio tiene un simbolismo adicional: representa la independencia de la incertidumbre regulatoria que ha caracterizado a la industria en Estados Unidos. Si el Congreso logra cumplir con el cronograma, el mercado podría experimentar un repunte de confianza similar al observado tras la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado a principios de año. Sin embargo, cualquier retraso podría prolongar la actual situación de estancamiento, con consecuencias negativas para la competitividad del país en el sector blockchain global.