El Tesoro propone reglas que definen quién puede vender legalmente stablecoins en EE. UU.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció recientemente una propuesta de normas que establecerá criterios claros sobre quiénes pueden ofrecer stablecoins a clientes en el país. La iniciativa, que entraría en vigor a partir de 2027, busca crear un marco regulatorio más sólido para los activos digitales que se asemejan a la moneda fiat, al tiempo que protege a los consumidores y fortalece la integridad del sistema financiero.

El Tesoro ha señalado que la propuesta se desarrollará en colaboración con FinCEN, la SEC y la CFTC, instituciones que ya han emitido directrices sobre criptomonedas y activos digitales. La propuesta pretende armonizar las regulaciones existentes y cerrar brechas que han permitido que ciertos emisores y plataformas operen con poca supervisión. Al establecer requisitos de registro y supervisión, el Tesoro busca garantizar que los stablecoins que circulan en EE. UU. cumplan con estándares de transparencia y solvencia.

En esencia, la propuesta exige que cualquier entidad que desee vender stablecoins a clientes de EE. UU. se registre como “stablecoin issuer” o “stablecoin exchange” ante el Tesoro. Los emisores deberán demostrar que mantienen reservas adecuadas que respalden la paridad de sus tokens, y deberán someterse a auditorías regulares. Además, la normativa contempla la obligación de reportar transacciones significativas y de cumplir con las normas de prevención de lavado de dinero (AML) y conocimiento del cliente (KYC). Los intercambios que no cumplan con estos requisitos quedarán prohibidos de operar con stablecoins dentro del territorio estadounidense.

Para las plataformas de criptomonedas, la nueva regulación implica un aumento sustancial de los costos de cumplimiento. Los exchanges deberán invertir en sistemas de monitoreo, auditorías externas y personal especializado en cumplimiento regulatorio. Este incremento en la carga operativa podría favorecer a los jugadores más grandes, que cuentan con recursos para absorber los gastos, y presionar a los actores más pequeños, lo que podría generar una consolidación del mercado. Asimismo, la propuesta podría limitar la oferta de stablecoins de origen extranjero, ya que los emisores internacionales tendrían que cumplir con los requisitos estadounidenses o buscar vías alternativas de comercialización.

Desde el punto de vista de la protección al consumidor, la propuesta ofrece ventajas claras. Al exigir reservas respaldadas y auditorías independientes, se reduce el riesgo de fraude y de colapsos de stablecoins que han afectado a usuarios en el pasado. Sin embargo, algunos analistas señalan que la normativa podría frenar la innovación en el sector DeFi, donde los protocolos descentralizados a menudo operan sin intermediarios centralizados y con modelos de gobernanza propios. La imposición de requisitos de registro podría obligar a estos proyectos a adoptar estructuras más tradicionales, diluyendo parte de su atractivo original.

El Tesoro ha indicado que la propuesta será sometida a consulta pública antes de su publicación definitiva. Se espera que el proceso de revisión y ajustes se extienda hasta finales de 2026, con la entrada en vigor de las reglas en 2027. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración para regular el ecosistema de activos digitales, complementando las directrices de la SEC sobre valores y las regulaciones de la CFTC sobre futuros y derivados. Con la llegada de estas normas, los participantes del mercado deberán prepararse para un entorno regulatorio más estructurado y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades que ofrece una mayor confianza y estabilidad para los usuarios de stablecoins en EE. UU.