El rechazo del presupuesto francés deja de lado el impuesto a las stablecoins y la declaración de wallets

La Asamblea Nacional de Francia rechazó el proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, un revés parlamentario que, como efecto colateral, ha dejado fuera de la discusión tres enmiendas ya adoptadas que afectaban directamente al ecosistema cripto. Entre ellas destacaban una propuesta para gravar las stablecoins y otra que buscaba obligar a los usuarios a declarar sus wallets de autocustodia. La caída del texto presupuestario implica que estas medidas pierden, por ahora, su vehículo legislativo, aunque el debate dista de estar cerrado.

Las enmiendas en cuestión habían superado las votaciones iniciales en la cámara baja, lo que había encendido las alarmas entre los actores del sector en Francia. La más controvertida era la relativa a la autocustodia: la obligación de reportar direcciones de wallets no custodiales representa, para muchos analistas, una intromisión en la privacidad financiera de los usuarios y un precedente peligroso para el resto de Europa. La propuesta de gravar las stablecoins, por su parte, apuntaba a un segmento del mercado que ha crecido de forma sostenida y que los reguladores observan con especial atención por su vinculación con las monedas fiduciarias.

El rechazo del presupuesto completo no equivale a una victoria definitiva para la industria. Según el procedimiento parlamentario francés, las enmiendas adoptadas en la Asamblea pueden ser reintroducidas durante el examen del texto en el Senado, la cámara alta. De hecho, es habitual que las disposiciones fiscales y regulatorias reboten entre ambas cámaras antes de alcanzar una versión consensuada. Por ello, los observadores del sector advierten que las medidas podrían reaparecer en las próximas semanas, posiblemente con redacciones ajustadas o integradas en otros vehículos legislativos.

Francia ha sido uno de los países europeos que ha impulsado con mayor determinación un marco regulatorio para los activos digitales. La autoridad de mercados financieros, la AMF, ha implementado un régimen de registro para los proveedores de servicios de criptoactivos que sirve de referencia para la aplicación del reglamento MiCA en el conjunto de la Unión Europea. En ese contexto, la discusión sobre la fiscalidad de las stablecoins y el tratamiento de las wallets de autocustodia se inscribe en una tendencia más amplia: la búsqueda de mecanismos para integrar los activos digitales en el sistema fiscal tradicional sin ahuyentar la innovación.

La cuestión de la autocustodia es especialmente sensible. Los defensores de esta práctica sostienen que el control directo de las claves privadas es un pilar fundamental de la soberanía financiera y que obligar a declarar las direcciones equivale a crear un registro de usuarios que podría ser explotado o filtrado. Los partidarios de la regulación, en cambio, argumentan que la trazabilidad es necesaria para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este pulso entre privacidad y control se repite en varios países de la Unión Europea y probablemente marcará la agenda regulatoria de los próximos años.

En cuanto a las stablecoins, su tratamiento fiscal plantea desafíos técnicos propios. Al estar vinculadas a monedas fiduciarias, su tenencia y transferencia pueden generar eventos imponibles que las normas actuales no contemplan con claridad. La enmienda francesa buscaba llenar ese vacío, pero su caída junto con el presupuesto deja la cuestión en un limbo que los operadores del mercado seguirán de cerca. Cabe recordar que el reglamento MiCA ya establece obligaciones específicas para los emisores de stablecoins, por lo que cualquier iniciativa fiscal nacional deberá coordinarse con el marco europeo para evitar duplicidades o contradicciones.

Por el momento, el sector cripto francés respira con cautela. La desaparición temporal de estas enmiendas ofrece un respiro, pero la experiencia reciente demuestra que las propuestas regulatorias rara vez desaparecen de forma definitiva. La atención se desplaza ahora al Senado, donde el texto presupuestario volverá a discutirse y donde las enmiendas podrían resucitar. Los actores del ecosistema están llamados a participar en el debate público y a presentar sus argumentos técnicos, conscientes de que el resultado final dependerá tanto de la correlación de fuerzas políticas como de la capacidad de la industria para articular una posición coherente frente a los legisladores.