El Parlamento francés aprueba voto para gravar las operaciones con stablecoins con un impuesto del 31% sobre ganancias de capital

El Parlamento de Francia ha aprobado recientemente una propuesta que impondrá un impuesto del 31 % sobre las ganancias de capital generadas por la negociación de stablecoins que cumplan con la normativa MiCA (Markets in Crypto-Assets). La medida, codificada en la enmienda I‑3898, elimina la exención de aplazamiento fiscal que había beneficiado a los inversores en estos activos digitales desde su introducción en el mercado europeo. Con la entrada en vigor prevista para enero de 2027, la reforma marcará un hito en la fiscalidad de las criptomonedas en la Unión Europea, posicionando a Francia como uno de los países más rigurosos en la tributación de los activos digitales.

La normativa MiCA, adoptada por la Comisión Europea en 2022, establece un marco regulatorio uniforme para los activos digitales dentro de la UE. Entre sus disposiciones, se incluyen requisitos de transparencia, protección al consumidor y supervisión de los emisores de stablecoins. Los stablecoins, que están vinculados a monedas fiduciarias como el euro o el dólar, han ganado popularidad como instrumentos de liquidez y reserva de valor en el ecosistema DeFi. La eliminación del aplazamiento fiscal en Francia responde a la preocupación de que los inversores pudieran aprovechar la falta de tributación inmediata para acumular ganancias sin pagar impuestos, lo que contraviene los principios de equidad fiscal.

La enmienda I‑3898 establece que, a partir de enero de 2027, cualquier ganancia obtenida por la compra y venta de stablecoins que cumplan con los criterios de MiCA será sujeta al impuesto sobre ganancias de capital del 31 %. Este porcentaje se aplica a la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, sin considerar la duración del holding. La medida no afecta a los ingresos generados por staking o intereses sobre stablecoins, los cuales seguirán siendo gravados bajo la normativa de ingresos ordinarios. La eliminación del aplazamiento fiscal significa que los inversores ya no podrán diferir el pago de impuestos hasta la liquidación de sus posiciones, lo que aumentará la presión fiscal sobre las operaciones de trading de stablecoins.

Para el mercado francés, la reforma tendrá efectos significativos. Los traders institucionales y particulares deberán ajustar sus estrategias de gestión de riesgos y planificación fiscal. La imposición de un impuesto elevado puede desalentar la especulación con stablecoins, pero también podría incentivar la adopción de activos digitales que ofrezcan rendimientos más atractivos, como los tokens de utilidad o los activos respaldados por activos reales. Además, la medida refuerza la posición de Francia como un centro regulatorio sólido, lo que podría atraer a empresas de tecnología financiera que buscan operar bajo un marco legal predecible y transparente.

En el contexto europeo, la decisión de Francia se alinea con la tendencia de algunos países a imponer impuestos más altos sobre las criptomonedas. Mientras que Alemania y el Reino Unido han adoptado enfoques más moderados, la medida francesa podría generar un fenómeno de arbitraje regulatorio, donde los inversores busquen jurisdicciones con regímenes fiscales más favorables. No obstante, la armonización de la normativa MiCA y la coordinación entre los Estados miembros podrían mitigar este riesgo, garantizando que la fiscalidad de los activos digitales sea coherente en toda la UE.

En conclusión, la aprobación de la enmienda I‑3898 representa un paso decisivo en la fiscalización de los stablecoins en Francia y, por extensión, en la UE. Al eliminar el aplazamiento fiscal y aplicar un impuesto del 31 % sobre las ganancias de capital, el país busca equilibrar la promoción de la innovación financiera con la protección de la recaudación fiscal. Los inversores y las empresas deberán prepararse para la nueva realidad tributaria, revisando sus estructuras de holding y estrategias de trading. A medida que la normativa MiCA evoluciona, la fiscalidad de los activos digitales seguirá siendo un tema central para la política económica y la regulación de la economía digital en Europa.