El FMI Evalúa el Sector de la Tokenización: Pide una Hoja de Ruta para Abordar Cambios Sistémicos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha emitido una nueva evaluación del sector de la tokenización. Pronostica una rápida expansión de la representación en cadena de activos financieros, pero advierte que este cambio podría reconfigurar el sistema financiero global e introducir nuevas vulnerabilidades sistémicas.

La tokenización convierte dinero, valores y derivados en tokens digitales programables registrados en un ledger distribuido. El FMI describe esto como una transformación institucional que cambia cómo se crean, mueven y liquidan los activos.

Una preocupación central es que las finanzas tokenizadas no encajan en las estructuras legales y de supervisión nacionales actuales. Las herramientas tradicionales de gestión de crisis dependen del control jurisdiccional, mientras que los sistemas tokenizados pueden ejecutar transacciones transfronterizas a "velocidad de máquina".

El FMI advierte que las autoridades podrían tener palancas limitadas para contener el estrés en este entorno. Los puntos de control críticos pueden residir en claves de gobernanza, mecanismos de consenso o la lógica de los smart contracts, no en entidades domiciliadas en un país.

Para abordar estos desafíos, el FMI propone una hoja de ruta de cinco pilares. Primero, la liquidación debe anclarse en formas seguras de dinero para minimizar el riesgo crediticio y de liquidez.

Segundo, urge la adopción de estándares globales para los mercados cripto, consistentes con el principio de "misma actividad, mismo riesgo, mismo resultado regulatorio". Tercero, pide certeza legal sobre el estatus de los tokens y la finalidad de la liquidación.

Cuarto, recomienda estándares comunes para la finalidad de la liquidación y arreglos de supervisión cooperativa. Quinto, los marcos de liquidez y gestión de crisis deben adaptarse a un entorno automatizado y continuo las 24 horas.

La implementación de esta hoja de ruta requerirá una cooperación sostenida entre autoridades públicas y el sector privado a través de todas las jurisdicciones, señala el Fondo.