Chainalysis estima 457 miles de dólares en actividad cripto gravable, dice que CARF omite la mayor parte

La firma de análisis de blockchain Chainalysis ha revelado que la actividad cripto gravable en el mercado global asciende a 457 miles de dólares, cifra que refleja el valor de las transacciones en criptomonedas que, según la compañía, deberían estar sujetas a impuestos. Este dato subraya la magnitud de la economía cripto y la necesidad de que los gobiernos y las autoridades fiscales dispongan de herramientas efectivas para rastrear y gravar adecuadamente las operaciones en activos digitales.

Para contextualizar la cifra, Chainalysis explicó que su estimación se basa en el análisis de onchain activity, es decir, las transacciones que se registran directamente en la blockchain. La compañía utiliza algoritmos de reconocimiento de patrones y técnicas de análisis de flujo de fondos para identificar transacciones que cumplen con los criterios de actividad gravable, como la compra, venta o intercambio de activos digitales. El resultado muestra que, a pesar de la creciente adopción de Bitcoin, Ethereum y otros tokens, la mayoría de las transacciones no se reflejan en los sistemas tradicionales de reporte fiscal.

El informe también destaca que solo el 14 % de la actividad onchain identificada está cubierta por el Crypto-asset Reporting Framework (CARF) del OECD. CARF es un conjunto de normas voluntarias que busca estandarizar la información que las instituciones financieras deben reportar sobre transacciones con criptoactivos a las autoridades fiscales. Su objetivo es mejorar la transparencia y facilitar la detección de evasión fiscal en el sector cripto. La baja cobertura señalada por Chainalysis indica que la mayoría de los movimientos de activos digitales no se están reportando bajo este marco, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de CARF en su forma actual.

En el panorama global, CARF se posiciona junto a otros instrumentos de reporte fiscal, como el Common Reporting Standard (CRS) y la normativa FATCA, que obligan a las instituciones financieras a compartir información sobre cuentas y transacciones de clientes con las autoridades tributarias. Mientras CRS y FATCA se centran en cuentas bancarias tradicionales, CARF intenta cubrir la brecha creada por la naturaleza descentralizada de la blockchain. Sin embargo, la adopción de CARF sigue siendo limitada, y muchos países aún no han incorporado sus requisitos en la legislación nacional, lo que contribuye a la brecha de reporte observada por Chainalysis.

Para las autoridades fiscales, la brecha de reporte representa un desafío significativo. La falta de visibilidad sobre la mayoría de las transacciones cripto dificulta la identificación de ingresos no declarados y la aplicación de impuestos adecuados. Además, la naturaleza pseudónima de la blockchain y la proliferación de servicios de custodia y exchanges que operan en jurisdicciones con regulaciones laxas aumentan el riesgo de evasión fiscal. Los expertos señalan que, sin una adopción más amplia de CARF y sin la integración de datos onchain en los sistemas de reporte tradicionales, las autoridades podrían perder una porción sustancial de ingresos potenciales.

En conclusión, el informe de Chainalysis subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de reporte fiscal en el sector cripto. La cifra de 457 miles de dólares en actividad gravable, combinada con la baja cobertura del CARF, sugiere que se necesita una mayor colaboración internacional y la adopción de estándares más robustos. Los gobiernos que buscan maximizar la recaudación tributaria deben considerar la ampliación de CARF, la integración de datos onchain en sus sistemas de reporte y la creación de incentivos para que los exchanges y custodios cumplan con las obligaciones de reporte. Solo así se podrá garantizar una fiscalidad justa y efectiva en la economía digital emergente.