Bancos comunitarios demandan a la OCC por las concesiones de licencias de bancos fiduciarios a empresas cripto

El 15 de septiembre, un consorcio de bancos comunitarios presentó una demanda contra la Office of the Comptroller of the Currency (OCC), alegando que la agencia ha excedido su mandato otorgado por el Congreso al emitir licencias de “trust bank” a varias empresas de criptomonedas. La acción legal, presentada en la Corte Federal de Distrito de la Sección Este de Nueva York, busca anular las concesiones y exigir una revisión más rigurosa de los criterios de autorización que la OCC ha aplicado a las instituciones que operan en el espacio de activos digitales.

La OCC, como regulador federal de bancos nacionales y sucursales de bancos extranjeros en Estados Unidos, tiene la autoridad de otorgar charters que permiten a las instituciones financieras operar bajo la supervisión del Departamento del Tesoro. En los últimos años, la agencia ha ampliado su alcance para incluir “trust banks” que ofrecen servicios de custodia y gestión de activos digitales, lo que ha permitido a firmas como Coinbase, Gemini y otras, obtener licencias que les permiten operar en el territorio estadounidense. Los bancos comunitarios argumentan que la OCC ha interpretado de manera demasiado amplia la legislación de la Ley de Bancos de 1933 y la Ley de Bancos de 1970, lo que les ha dado a las empresas cripto una ventaja regulatoria injusta.

Los bancos comunitarios, que operan principalmente en regiones rurales y suburbanas, sostienen que la entrada de grandes actores de criptomonedas ha alterado el equilibrio competitivo del sector. Según la demanda, la OCC ha otorgado a las empresas de cripto privilegios que les permiten acceder a recursos de liquidez, líneas de crédito y servicios de custodia que los bancos tradicionales no pueden igualar sin un proceso regulatorio más exhaustivo. Además, los demandantes señalan que la falta de supervisión adecuada sobre las prácticas de riesgo de las firmas de cripto podría exponer a los depositantes y a la estabilidad financiera a riesgos que la OCC no ha considerado.

El núcleo de la demanda se centra en la alegación de que la OCC ha excedido su mandato al otorgar licencias de “trust bank” sin una evaluación completa de los riesgos sistémicos y sin la aprobación explícita del Congreso. Los bancos comunitarios solicitan que el tribunal ordene a la OCC revocar las licencias actuales y establezca un marco regulatorio más claro que incluya requisitos de capital, controles de riesgo y supervisión de actividades de trading de activos digitales. La demanda también pide la creación de un proceso de apelación que permita a los bancos comunitarios presentar evidencia de que las prácticas de las empresas de cripto podrían comprometer la seguridad de los depósitos y la integridad del sistema financiero.

Si la demanda tiene éxito, las repercusiones podrían ser significativas para la regulación de la industria cripto en Estados Unidos. Una revocación de las licencias de “trust bank” obligaría a las empresas de criptomonedas a buscar alternativas regulatorias, como la obtención de licencias estatales o la operación bajo el marco de las fintech. Además, el caso podría sentar un precedente que obligue a la OCC a revisar y posiblemente restringir la emisión de charters a instituciones que operan en el ámbito de DeFi, NFT y staking, lo que a su vez influiría en la forma en que las empresas de cripto estructuran sus operaciones y relaciones con los bancos tradicionales.

En conclusión, la demanda de los bancos comunitarios contra la OCC refleja una creciente tensión entre los reguladores federales y la industria de criptomonedas. Mientras la OCC busca equilibrar la innovación financiera con la protección del sistema bancario, los bancos comunitarios sostienen que la expansión de las licencias de “trust bank” ha creado un desequilibrio competitivo y un riesgo regulatorio no suficientemente mitigado. El resultado de este litigio podría determinar el rumbo de la regulación de activos digitales en Estados Unidos y establecer un marco de supervisión más estricto para las empresas que operan en el ecosistema de blockchain y DeFi.