Abogado detrás de la lucha por el embargo de criptoactivos de Arbitrum ahora apunta a Tether por 344 millones de dólares

El abogado Charles Gerstein, conocido por su reciente batalla legal para incautar criptoactivos en la red Arbitrum, ha puesto ahora su mira en Tether, la empresa emisora de la stablecoin USDT. Gerstein solicita a un juez federal que ordene a Tether transferir USDT congelados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, vinculados a la Guardia Revolucionaria de Irán, para compensar a víctimas que poseen sentencias impagas por terrorismo. El monto en disputa asciende a 344 millones de dólares.

El caso representa un nuevo capítulo en los esfuerzos legales por utilizar el sistema financiero descentralizado como herramienta para ejecutar resoluciones judiciales contra actores sancionados. Gerstein, quien previamente logró que un tribunal autorizara el embargo de fondos en Arbitrum, argumenta que los activos digitales congelados por OFAC deben ser redirigidos a las víctimas de terrorismo que han obtenido fallos judiciales favorables pero no han podido cobrarlos. La petición se basa en la premisa de que Tether, como emisor centralizado de USDT, tiene la capacidad técnica y legal de reasignar esos fondos.

La estrategia legal de Gerstein se apoya en la Ley de Justicia contra Patrocinadores del Terrorismo (Terrorism Risk Insurance Act, TRIA, por sus siglas en inglés), que permite a víctimas de actos terroristas reclamar activos congelados de países o entidades designadas como patrocinadoras del terrorismo. En este caso, los USDT en cuestión fueron bloqueados por OFAC debido a su vinculación con la Guardia Revolucionaria de Irán, una organización designada como terrorista por Estados Unidos. Gerstein sostiene que Tether tiene la obligación legal de cooperar con la ejecución de estas sentencias.

Tether, por su parte, enfrenta un dilema regulatorio y operativo. La empresa ha cumplido históricamente con las sanciones de OFAC, congelando direcciones de billeteras identificadas como vinculadas a actividades ilícitas. Sin embargo, transferir esos fondos a víctimas privadas podría sentar un precedente legal significativo, ya que implicaría que los emisores de stablecoins no solo deben bloquear activos, sino también redistribuirlos según órdenes judiciales. Esto podría exponer a Tether a demandas de otros acreedores o a conflictos con las propias directrices de OFAC.

El caso también pone de relieve la tensión entre la naturaleza descentralizada de blockchain y el control centralizado que ejercen los emisores de stablecoins. Mientras que criptomonedas como Bitcoin operan sin una autoridad central que pueda modificar transacciones, USDT depende de Tether para su emisión y congelamiento. Esta característica híbrida convierte a Tether en un objetivo atractivo para abogados que buscan ejecutar sentencias contra activos digitales, pero también genera preguntas sobre hasta qué punto una empresa privada debe actuar como brazo ejecutor del sistema judicial estadounidense.

Expertos legales consultados por este medio señalan que el resultado de esta petición podría influir en futuros casos de embargo de criptoactivos. Si el juez falla a favor de Gerstein, se abriría la puerta a que otras víctimas de terrorismo o fraude reclamen directamente a emisores de stablecoins los fondos congelados por sanciones. Por el contrario, un rechazo judicial podría reforzar la posición de que las empresas de criptoactivos solo deben cumplir con órdenes de congelamiento, no con redistribuciones discrecionales.

El caso de Arbitrum que Gerstein llevó anteriormente sentó un precedente importante. En esa ocasión, un tribunal autorizó el embargo de fondos en una plataforma de segunda capa de Ethereum, demostrando que los activos digitales no están fuera del alcance de la justicia estadounidense. Ahora, con la mira puesta en Tether, el abogado busca expandir ese principio a uno de los emisores de stablecoins más grandes del mundo, cuyos USDT circulan por múltiples blockchains y exchanges.

La comunidad cripto observa con atención este desarrollo, ya que podría redefinir la relación entre los emisores de activos digitales y el sistema legal. Mientras tanto, las víctimas con sentencias impagas por terrorismo esperan que la justicia les permita acceder a los 344 millones de dólares que, según Gerstein, deberían estar a su disposición. La decisión final quedará en manos de un juez federal, quien deberá equilibrar las leyes de sanciones, los derechos de las víctimas y las particularidades técnicas de la tecnología blockchain.