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noticias·22 de octubre de 2026·4 min·Decrypt

Fiscales chinos buscan confiscar 5.100 millones de dólares en Bitcoin incautados por el Reino Unido en el caso Qian

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Fiscales chinos buscan confiscar 5.100 millones de dólares en Bitcoin incautados por el Reino Unido en el caso Qian
Foto: Decrypt

Un tribunal de Tianjin se prepara para escuchar una solicitud de confiscación de aproximadamente 5.100 millones de dólares en Bitcoin que fueron incautados por las autoridades del Reino Unido en el marco del denominado caso Qian. La audiencia se producirá tras el cumplimiento de un período de notificación de seis meses, un requisito procedimental que debe agotarse antes de que el tribunal pueda pronunciarse sobre la petición de los fiscales chinos. La solicitud representa uno de los esfuerzos más significativos por parte de las autoridades de China para recuperar activos digitales vinculados a un caso de gran magnitud que ha trascendido fronteras.

El caso Qian se remonta a una investigación que involucra a ciudadanos chinos y que derivó en la incautación de una cantidad considerable de Bitcoin por parte de las autoridades británicas. Los fiscales chinos sostienen que estos activos están vinculados a delitos cometidos en territorio chino y, por lo tanto, deberían ser repatriados o confiscados en beneficio del Estado. La magnitud de la suma en juego —más de 5.000 millones de dólares— convierte este procedimiento en uno de los casos de decomiso de criptomonedas más relevantes a nivel internacional, y sienta un precedente sobre cómo las jurisdicciones abordan la recuperación transfronteriza de activos digitales.

Sin embargo, la situación se complica por la existencia de una disputa paralela en Londres sobre las mismas monedas. Mientras el tribunal de Tianjin avanza con su proceso, en la capital británica se libra una batalla legal independiente por el control de esos mismos Bitcoin. Esta duplicidad de procedimientos plantea interrogantes sobre qué jurisdicción tendrá la última palabra y cómo se resolverá un conflicto de soberanía sobre activos que, por su naturaleza descentralizada, no están sujetos a las reglas tradicionales de territorialidad.

El período de notificación de seis meses que debía transcurrir antes de la audiencia en Tianjin sugiere que las autoridades chinas han seguido un proceso formal para notificar a las partes interesadas, incluidas potencialmente las autoridades británicas y otros reclamantes. Este tipo de plazos son habituales en procedimientos de confiscación de bienes, pero en el contexto de criptomonedas incautadas en el extranjero adquieren una complejidad adicional, ya que intervienen tratados internacionales, cooperación judicial y reconocimiento mutuo de resoluciones.

El caso también pone de relieve el creciente interés de los gobiernos por decomisar criptoactivos vinculados a actividades ilícitas. A medida que las autoridades de todo el mundo perfeccionan sus capacidades para rastrear y embargar Bitcoin, surgen preguntas sobre la custodia, la valoración y la liquidación de estos activos. En este sentido, la disputa entre China y el Reino Unido podría convertirse en un caso de referencia para futuros procedimientos de cooperación internacional en materia de activos digitales.

La audiencia en Tianjin, una vez que se celebre, podría arrojar luz sobre la postura del sistema judicial chino respecto a la validez de las incautaciones extranjeras y su disposición a colaborar con otras jurisdicciones. No obstante, la existencia de un litigio simultáneo en Londres implica que cualquier decisión que se tome en China podría no ser reconocida automáticamente por los tribunales británicos, lo que abriría un escenario de posible impasse legal.

Para el ecosistema cripto en general, este caso subraya la importancia de la trazabilidad y la transparencia en la blockchain, que ha permitido a las autoridades seguir el rastro de estos fondos a través de múltiples jurisdicciones. También evidencia cómo los activos digitales, lejos de ser inmunes a la acción estatal, se han convertido en objeto de complejas disputas legales internacionales. El desenlace de la petición de los fiscales chinos y de la batalla paralela en Londres será seguido de cerca por reguladores, abogados y participantes del mercado en todo el mundo.

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