La FCA apunta a tres sitios más en Londres por operar en P2P de criptomonedas sin registro

La Financial Conduct Authority (FCA) ha anunciado recientemente que ha identificado y comenzado a tomar medidas contra tres sitios adicionales en Londres que ofrecen servicios de trading peer‑to‑peer (P2P) de criptomonedas sin estar registrados ante la autoridad. Este movimiento forma parte de una campaña más amplia de la FCA para asegurar que todas las entidades que facilitan transacciones de activos digitales cumplan con las normativas de supervisión, prevención de lavado de dinero (AML) y protección al consumidor. La acción subraya la creciente presión regulatoria sobre el sector de criptomonedas en el Reino Unido, donde la falta de registro puede exponer a los usuarios a riesgos significativos y a la falta de recursos legales en caso de fraude o insolvencia.

El trading P2P de criptomonedas permite a los usuarios intercambiar activos digitales directamente entre sí, a menudo sin la intervención de un intermediario centralizado. Aunque este modelo ofrece mayor autonomía y, en algunos casos, menores comisiones, también presenta desafíos regulatorios. La ausencia de un registro formal dificulta la aplicación de los requisitos de KYC (conozca a su cliente) y AML, lo que aumenta la vulnerabilidad a actividades ilícitas y a la pérdida de fondos. La FCA ha señalado que las plataformas no registradas carecen de la supervisión necesaria para garantizar la integridad del mercado y la protección de los inversores, lo que justifica su enfoque de vigilancia y acción.

El jefe de cumplimiento de la FCA, quien dirigió la reciente declaración, afirmó: “Anyone running an unregistered peer‑to‑peer crypto business should assume we are looking at them”. Esta declaración, aunque breve, encapsula la postura firme de la autoridad: cualquier operador que no haya cumplido con los requisitos de registro será objeto de investigación y, potencialmente, de sanciones. La declaración también sirve como advertencia a los operadores que operan en la frontera de la legalidad, recordándoles que la falta de cumplimiento puede resultar en acciones legales, multas sustanciales o la obligación de cerrar sus operaciones.

Las consecuencias legales para los operadores no registrados pueden ser severas. La FCA tiene la autoridad para imponer multas, emitir órdenes de cese y desistimiento, y, en casos extremos, solicitar la liquidación de la entidad. Además, los usuarios que hayan sufrido pérdidas pueden buscar compensación a través de los mecanismos de protección al consumidor que la FCA puede imponer a las empresas reguladas. La falta de registro también significa que los operadores no están obligados a mantener reservas de capital ni a reportar sus actividades a las autoridades, lo que reduce la transparencia y aumenta el riesgo de fraude.

Para el mercado de criptomonedas en el Reino Unido, la acción de la FCA podría provocar una consolidación de los operadores que cumplen con la normativa, mientras que los negocios que operan en la sombra podrían verse forzados a cerrar o a buscar la regularización. Este proceso de “purga” puede aumentar los costos de cumplimiento, ya que las empresas deberán invertir en sistemas de KYC, auditorías internas y en la obtención de licencias. Sin embargo, a largo plazo, una mayor regulación puede fortalecer la confianza de los inversores y atraer a más capital institucional al mercado, posicionando al Reino Unido como un hub regulado y seguro para las finanzas digitales.

En el contexto global, la campaña de la FCA se alinea con las tendencias de regulación más estrictas que se están implementando en la Unión Europea con el MiCA (Markets in Crypto‑Assets) y en los Estados Unidos con la supervisión de la SEC y la FinCEN. La coordinación entre reguladores internacionales es esencial para evitar la evasión de normas y para proteger a los usuarios que operan en un ecosistema de criptomonedas cada vez más interconectado. A medida que la regulación evoluciona, las empresas de criptomonedas deberán adaptarse rápidamente, adoptando prácticas de cumplimiento robustas y transparentes para evitar sanciones y asegurar la sostenibilidad de sus operaciones en el mercado global.